La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), de la que forma parte ALINAR, ha celebrado la decisión del Gobierno italiano que anunciaba este martes 22 de noviembre la suspensión del impuesto al plástico, que tenía previsto entrar en vigor en 2023. Después de la medida adoptada hoy por Italia, España sería el único país de la Unión Europea que contaría con un impuesto de estas características a partir del próximo 1 de enero, si no se escuchan las reiteradas peticiones para su aplazamiento realizadas al Gobierno español por FIAB y otras organizaciones de la cadena de valor del envase. En este contexto económico, Italia que tenía prevista como España la implantación de este impuesto a inicios de 2023,  lo ha suspendido durante un año, a la espera de que la situación económica mejore.Así, desde la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas se han vuelto a dirigir a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para reiterarle la preocupación por la delicada situación a la que se enfrentan muchas empresas del sector de alimentación y bebidas y solicitarle de nuevo el aplazamiento, de un año, de su entrada en vigor.

FIAB ha puesto de manifiesto constantemente las consecuencias negativas de este nuevo impuesto en la industria alimentaria desde su anuncio. Así, el pasado mes de julio, junto a otras patronales como Aecoc, ACES, Anged, AsedasAdelma, Stanpa y EsPlásticos y las organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias) reclamaron al Gobierno en un comunicado conjunto que se retrase al 1 de enero de 2024 la entrada en vigor de este impuesto. Posteriormente se adherían a esta reclamación los fabricantes de automóviles (Anfac), la industria química (Feique) y otras representantes de la industria de los plásticos como Aimplas, Cicloplast, Plastics Europe o la Asociación Española de Industrias del Plástico (Anaip), en septiembre, FIAB apoyaba nuevamente la propuesta general de paralización del impuesto al plástico de un solo uso, regulado en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, solicitado desde CEOE a la propia Ministra.

España sería el único país de la Unión Europea que contaría con un impuesto de estas características a partir del próximo 1 de enero, si no se escuchan las reiteradas peticiones para su aplazamiento

Tras la decisión de Italia, la propia FIAB enviaba este martes 22 de noviembre una carta a la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado, en la que hace hincapié en la inestable coyuntura económica actual, y el incierto y desfavorable futuro de la economía estatal. Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, pone en esta misiva el foco en la inflación de costes (de energía, transporte, materias primas, packaging, etc.) un tema que considera hay que atacar de raíz, evitando tomar decisiones que puedan genera una mayor inflación. Apunta además, que ante una tasa de variación anual del IPC en España en agosto de 2022 del 10,5%, (tan solo 3 décimas inferior a la del mes anterior), y con un dato de inflación acumulada en 2022 del 6,1%, y tal y como advierte el propio Banco Central Europeo, el riesgo de estancamiento de la economía con incrementos elevados y sostenidos de los precios y de recesión en la eurozona es ya una realidad muy preocupante.

En este sentido, García de Quevedo destaca que «no podemos más que insistir en que la introducción de una nueva carga fiscal a un sector sometido a grandes presiones y exigencias normativas no resultaría beneficiosa en estos momentos, sino todo lo contrario, contribuyendo al alza inflacionista». Y pone de relieve el enorme esfuerzo que ya esta realizando el sector para contener la subida de precios a los consumidores y por construir una cadena «más eficiente, digital, sostenible y solidaria».

El Impuesto Especial a los Envases de Plástico no Reutilizables, que gravará con 0,45 euros cada kilo de envase de un solo uso, tendrá un impacto directo en las compañías del sector de alrededor de 690 millones de euros, a lo que habría que sumar el de la Responsabilidad Ampliada del Productor, que puede suponer otra carga de unos 1.150 millones de euros.

Ya en diciembre de 2021. la comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados aprobaba una enmienda del PP para aplazar un año el impuesto al plástico, ante la falta de apoyos e  ‘in extremis’, el Gobierno rectificaba y votaba a favor de establecer una moratoria hasta este 1 de enero de 2023. Ante la posibilidad de su moratoria hasta 2024 fuente gubernamentales recalcaban que esta posibilidad, que va de la mano de los ya aprobados Presupuestos Generales del Estado de 2023  estaba absolutamente descartaba porque ya no había margen.

García de Quevedo, director general de FIAB: «no podemos más que insistir en que la introducción de una nueva carga fiscal a un sector sometido a grandes presiones y exigencias normativas no resultaría beneficiosa en estos momentos, sino todo lo contrario, contribuyendo al alza inflacionista»

Desde FIAB señalan que “en las circunstancias actuales, con costes energéticos inasumibles y con una inflación al alza, un nuevo impuesto es inasumible para las compañías del sector”. Esta última semana se han realizado sendos foros para profundizar sobre este impuesto al plástico uno por parte de la Agencia Tributaria y otro para las asociaciones que integran FIAB.

ALINAR comparte que no es el momento para implantar este impuesto, máxime siendo España el único país de Europa que piensa implantarlo este 2023. Diego Galilea, director general de la Asociación, apunta a que esta nueva traba impositiva en las empresas puede afectar aún más a la creciente inflación de los productos alimentarios en un contexto ya de por si muy complicado para empresas y consumidores, «por lo que apelamos a la buena voluntad del Gobierno, para que reflexionen sobre esta decisión tal y como lo ha hecho Italia y creemos en que aún estén a tiempo de aplazarla.» Galilea cree que «el caos y la desorganización que han rodeado a este impuesto y su carácter expansivo han impedido a las empresas poder adaptarse, por lo que el desconcierto es generalizado»

Desde el Grupo de Expertos de Asesores de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), anunciaban  «graves problemas a partir del 1 de enero de 2023, tanto en las empresas como en las aduanas, que no han podido adaptarse a estas nuevas exigencias tributarias dada la existencia de un vacío legal«. Consideran que este impuesto «impone unas obligaciones formales de muy difícil o imposible
cumplimiento», entre ellas que  «las empresas no tienen forma de obtener de sus proveedores extranjeros la información relativa a la naturaleza del plástico de sus envases y/o embalajes y su peso ni de certificar el origen del plástico, como declaración responsable o a través de una certificación expedida por un tercero independiente, por cada adquisición de producto realizada» aseguran.