El consejero Aierdi firma con ALINAR UAGN, UCAN y EHNE un documento con ocho puntos que defiende un presupuesto de la UE ambicioso
La Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón, ALINAR, junto con las organizaciones agrarias UAGN, UCAN y EHNE han firmado con el Gobierno de Navarra un acuerdo que establece una posición común en la Comunidad Foral, ante el debate que se iniciará a partir del verano sobre la próxima revisión de la Política Agrícola Común (PAC) en la UE.
Este acuerdo entre la administración y el sector, que se defenderá ante las instancias de Madrid y Bruselas, se ha presentado en rueda de prensa en la que han estado presentes el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, José Mari Aierdi, el presidente de ALINAR, Cayo Martínez; Félix Bariáin, presidente de UAGN; Esther Burgui, presidenta de UCAN y Fermín Gorraiz, presidente de EHNE.
Todos ellos han consensuado y suscrito un documento con un preámbulo y ocho puntos que exige dotar a la próxima PAC de un presupuesto fuerte que haga frente a las incertidumbres, una política que prime a las explotaciones agrarias familiares y que incremente el papel que tienen en su gestión las regiones o comunidades autónomas.
La negociación sobre el próximo quinquenio de la PAC para el período 2028-2032, en la que se abrirá la oportunidad de introducir reformas en la política agraria, se iniciará este verano con la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) que la Comisión Europea prevé realizar a mediados del próximo mes de julio y que definirá el peso presupuestario que el sector agroalimentario tendrá en la UE en los próximos años.
En este contexto, el acuerdo del Gobierno foral y las organizaciones agrarias han defendido un “presupuesto ambicioso” acorde con la crítica situación del sector agroalimentario en el conjunto de la UE y responda a los retos que planteó recientemente el nuevo comisario Christophe Hansen en su ‘Visión para el futuro de la Agricultura y la Alimentación’, abogando por fortalecer un modelo europeo de seguridad y soberanía alimentaria.
“Se trata de que la letra presupuestaria responda ahora a esa música y que estos principios se traduzcan en hechos y prioridades”, ha señalado el consejero Aierdi.
RECHAZO A LOS RECORTES
Las nuevas exigencias financieras que se ha planteado la UE en materias como defensa ante las amenazas geopolíticas, la respuesta ante las necesidades de los países de la frontera oriental o la amortización de deuda de la pandemia han generado incertidumbre en el sector agrario. El acuerdo de Navarra considera, en este sentido, que el sector agroalimentario, que emplea al 15% de la población europea y proporciona alimentos seguros y de calidad, tiene un valor estratégico en el conjunto de Europa y rechaza cualquier recorte que se pueda producir en las asignaciones de la PAC. “La no dependencia de alimentos procedentes de terceros países o la apuesta por un modelo de producción sostenible y competitivo debe ser una línea prioritaria de actuación para cualquier administración”, señala el primer punto del acuerdo presentado.
Asimismo, el documento consensuado entre el Gobierno de Navarra y las organizaciones de representación del sector agroalimentario propone “una profunda reforma del actual modelo de la PAC”, con alternativas que favorezcan “a las explotaciones agrarias familiares profesionales y a la economía social e intensifiquen las medidas de relevo generacional en el sector” o que establezcan “incentivos para una agricultura verde, frente al esquema de penalizaciones ambientales”.
En el plano de la gobernanza y gestión de los distintos programas de la PAC, el acuerdo pide que las regiones o comunidades autónomas jueguen un papel clave “para acercar las políticas agrarias a la diversidad territorial de la UE”, así como mantener los dos pilares de las políticas agrarias para fomentar las políticas de desarrollo local en los entornos rurales.
El texto también hace alusión en otro punto a la necesidad de “introducir medidas que se encaminen hacia la simplificación administrativa de la PAC, que en la actualidad resulta excesivamente compleja para el sector agrario” e incrementar controles a productos procedentes de terceros países “para que compitan en las mismas condiciones ambientales, sanitarias y sociales que los productos europeos y evitar prácticas desleales”.
