La Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera que el Anteproyecto de Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros, aunque es positivo, no define lo esencial: establecer un fondo como instrumento de financiación para impulsar la competitividad industrial y la concreción de plazos para ello.

 

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este pasado 10 de diciembre el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que establece las bases de ordenación del sector industrial y el marco de la política industrial española, así como los criterios de coordinación entre las administraciones públicas.

La Ley de Industria y Autonomía Estratégica tiene como objetivo impulsar una nueva estrategia industrial para incrementar el peso de la industria en la economía española y el empleo, mejorar su competitividad y resiliencia y hacer posible su contribución a los objetivos de descarbonización de la economía y de transformación digital.

Desde el Gobierno de España, consideran que esta nueva ley consolida y refuerza los instrumentos en los que se basa la participación de la industria española en el mercado interior europeo, manteniendo entre sus objetivos la garantía y protección de la libertad de establecimiento de empresas industriales, la protección de la libre circulación de productos industriales, la garantía de la unidad de mercado y la coordinación administrativa, la promoción y control de la seguridad y calidad industriales y la regulación del régimen general de responsabilidad de la actividad industrial.

 La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por  9 entidades de representación de los sectores industriales estratégicos a nivel nacional, y en la que se incluye FIAB ( Federación Nacional de Industrias de Alimentación y Bebidas), considera que el nuevo marco legislativo que plantea el Anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, “aunque positivo, carece de la concreción de lo más esencial: definir cómo se van a articular los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proceso de reindustrialización que requiere nuestro país”, afirma Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza. “Desde la Alianza, aspiramos a que estas cuestiones sienten las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria”, subraya.

La Alianza también considera fundamental que las enmiendas al texto cuenten con el máximo consenso posible por parte de las distintas formaciones políticas del arco parlamentario. “Es la única fórmula para lograr el objetivo común de reindustrializar nuestra economía”, afirma Reinoso.

Para la Alianza, el propósito y la disposición que muestra el Gobierno de atraer y establecer grandes proyectos industriales en España son positivos, “no obstante, sin la debida instrumentación de recursos, a través de un fondo de financiación y sin la concreción de plazos, corremos el riesgo de que se quede en meras intenciones”, advierte Reinoso.

 En esta línea, la Alianza resalta la importancia de articular un instrumento de naturaleza pública y permanente, que dote de continuidad el proceso emprendido estos años con los PERTE, con el fin de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad financiera del mismo, facilitando la economía circular y descarbonización de la industria. “Según nuestras estimaciones, este fondo debería contar con una aportación anual cercana a los 2.500 millones de euros, cifra con la que podría garantizarse la competitividad de los activos industriales estratégicos de España”, subraya Reinoso.

Asimismo, la Alianza, que representa el 60% del Producto Industrial Bruto del país, considera que, para impulsar una verdadera reindustrialización de España, el nuevo marco legislativo también debe contemplar la simplificación de la burocracia administrativa, para evitar introducir más cargas en este sentido. Reinoso, como representante de la Alianza, subraya que garantizar la seguridad jurídica para las empresas industriales es clave en este proceso.

La reindustrialización en nuestro país depende del impulso a la competitividad de las empresas industriales y, para ello, la Alianza también cree necesario que la ley incluya medidas más ambiciosas y concretas para la Administración en ámbitos estratégicos como el energético, la logística y el transporte y la innovación.

Con todo ello, la Alianza considera determinante que se produzca un amplio consenso entre los distintos grupos parlamentarios durante la tramitación parlamentaria: “Apelamos a ello, pues es así como el poder legislativo demostraría visión de país sobre el papel que debe jugar la industria en nuestro modelo económico y social”.

Para el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu,  “la Ley no se limita a poner al día la norma actual, sino que supone un antes y un después de la industria española, a través de nuevos instrumentos de política industrial y gobernanza industrial. Aportará modernización, certidumbre y eficiencia. Tenemos un gran objetivo que es la reindustrialización”.

Desde el Gobierno plantean que la Ley reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía, crea una Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, mantiene las sanciones y se podrán reconocer nuevos PERTE.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la conversión de SEPIDES en entidad pública empresarial, con el objetivo de que pueda convertirse en la gran agencia española de la política industrial.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros han defendido los objetivos de esta nueva Ley, que consideran están “alineados con la estrategia industrial europea” y entre los que destacan:

• La planificación y promoción de una mayor autonomía estratégica, resiliencia, salvaguardia y crecimiento de la base industrial.

• El fomento del talento y la cultura industrial, la protección de la propiedad industrial y su uso estratégico, la adopción de tecnología e innovación (incluyendo tecnologías limpias).

• El impulso de ecosistemas, proyectos tractores y estratégicos.

• El crecimiento y la internacionalización de la empresa industrial.

• El fomento de un entorno favorable al desarrollo de empresas industriales y a su adaptación a los cambios estructurales, especialmente en las pymes.

• El fortalecimiento institucional y el impulso de la participación de los agentes sociales, el diálogo social y la negociación colectiva.

• La transformación digital del sector industrial, incluyendo a los servicios, infraestructuras y otras actividades relacionadas.

• La transformación hacia una industria de cero emisiones netas de aquí a 2050, compatibilizando la actividad industrial con la protección del medio ambiente, la transición energética y la descarbonización de la economía.

Estructura y elementos de Gobernanza

La Ley recoge diferentes elementos para la Gobernanza:

1.- La Estrategia España de la Industria y Autonomía Estratégica es el documento que contiene las líneas generales y directrices básicas de la política industrial. Esta estrategia se elaborará tras un proceso de consultas con comunidades autónomas y agentes económicos y sociales.

2.- El Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica es el instrumento del Gobierno para el desarrollo y consecución de los objetivos de la estrategia. Su vigencia será de tres años. Incluirá programas de mejora de la competitividad industrial, digitalización, innovación, entornos colaborativos, formación y autonomía estratégica.

3.- Se crea el Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI) como órgano consultivo, que coordinará las acciones de la AGE en el desarrollo del PIAE. Formarán parte del Consejo los representantes de los departamentos ministeriales que se definan reglamentariamente con rango mínimo de Secretario de Estado o Subsecretario.

4.- La Conferencia Sectorial de Industria y PYME es el órgano de cooperación entre la AGE y las CCAA en los ámbitos regulados en esta ley.

5.- El Foro de Alto Nivel de la Industria Española es un órgano colegiado con autonomía funcional que asesorará al MINTUR en el diseño de las políticas del Gobierno en materia de política industrial y autonomía estratégica. Su composición se determinará mediante orden ministerial y será mixta, integrada por representantes del MINTUR y de los agentes económicos y sociales del sector industrial de ámbito nacional.